Una medida de máxima prioridad de la Sección de Derecho Familiar, diseñada para traer más uniformidad a los procedimientos de divorcio, está avanzando en el Senado.

El Comité de Reglas del Senado aprobó por unanimidad el SB 534, presentado por la senadora republicana Erin Grall, una abogada de derecho familiar de Vero Beach.

“El Proyecto de Ley 534 del Senado reconoce las complejidades en los procedimientos de divorcio y aborda las leyes contradictorias sobre la distribución de activos y pasivos,”

explicó Grall durante su breve presentación al comité.

El Comité de Reglas tenía más de 25 proyectos de ley para revisar en menos de dos horas, y la presentación de Grall sobre el SB 534 duró menos de tres minutos, sin preguntas de los miembros del comité.

Aspectos clave del proyecto de ley incluyen:

  • Requerir que cualquier regalo de bienes inmuebles entre cónyuges sea por escrito.
  • Establecer pautas para que los tribunales consideren al determinar el valor de una «empresa de propiedad privada» en los procedimientos de divorcio.
  • Definir “circunstancias extraordinarias” que los tribunales deben considerar al decidir sobre una distribución parcial provisional de activos durante una acción de disolución.
  • La veterana abogada de derecho familiar Shannon L. Novey asistió a la reunión del comité para mostrar el apoyo de la Sección de Derecho Familiar.

El SB 534 había sido aprobado previamente por el Comité Judicial con una votación de 10-0 el 16 de enero, y por el Comité de Niños, Familias y Asuntos de la Tercera Edad por unanimidad la semana siguiente.

Un proyecto de ley complementario, HB 521, presentado por la representante republicana Traci Koster, una abogada de derecho familiar de Tampa, está actualmente en segunda lectura en el calendario de la Cámara después de pasar por tres comités sin ninguna oposición.

Navegar por la descarga de obligaciones del tribunal de familia en bancarrota puede ser complejo debido a la interacción entre el Código de Bancarrota de EE.UU. y las leyes estatales. Este artículo proporciona una mirada detallada a las secciones relevantes del Código de Bancarrota y explica cómo los tribunales determinan si estas obligaciones son descargables.

Aunque la ley de bancarrota rige la posibilidad de descartar las deudas, la ausencia de una ley federal de relaciones domésticas significa que las leyes y decisiones judiciales estatales juegan un papel crucial. Curiosamente, tanto los tribunales estatales como los de bancarrota pueden determinar la posibilidad de descartar las obligaciones de las relaciones domésticas, aunque deben aplicar la ley de bancarrota en su análisis.

Resumen del Código de Bancarrota

En cuanto a la deuda matrimonial, dos secciones principales del Código de Bancarrota son clave:

11 U.S.C. §523(a)(5): Excluye de la descarga las deudas derivadas de Obligaciones de Apoyo Doméstico (DSOs, por sus siglas en inglés).

11 U.S.C. §523(a)(15): Excluye de la descarga reclamaciones no-DSO, incluidas las obligaciones relacionadas con la distribución equitativa debidas a un cónyuge, ex cónyuge o hijo.

La Ley de Prevención del Abuso de Bancarrota y Protección al Consumidor de 2005 (BAPCPA) modificó significativamente estas secciones para reducir los litigios sobre asuntos familiares en el tribunal de bancarrota. Sin embargo, las consecuencias no deseadas significan que los tribunales deben revisar a menudo si una obligación es una DSO bajo §523(a)(5) o se encuentra bajo §523(a)(15) caso por caso. Esto se aplica a varios acuerdos, incluidos los acuerdos de paternidad que abordan la manutención de menores y el tiempo compartido.

Obligación de Apoyo Doméstico (DSO) — 11 U.S.C. §523(a)(5)

Una DSO se define por cuatro componentes bajo 11 U.S.C. §101(14A):

La deuda se debe a o es recuperable por un cónyuge, ex cónyuge, hijo o una unidad gubernamental.

Es de la naturaleza de pensión alimenticia, mantenimiento o apoyo.

Se estableció antes, durante o después de la bancarrota a través de varios acuerdos u órdenes judiciales.

No ha sido asignada a una entidad no gubernamental, a menos que sea para fines de cobro de deudas por parte de parientes especificados.

En los Capítulos 7, 11 y 13, las deudas que cumplen estos criterios no son descargables. Si falta algún elemento, la deuda puede no calificar como DSO, como se ve en casos donde las obligaciones a terceros no se consideraron DSOs porque la deuda no era «debida a o recuperable por» el cónyuge o hijo.

Obligaciones No-DSO — 11 U.S.C. §523(a)(15)

Esta sección aborda las obligaciones no-DSO, como la distribución equitativa y las reclamaciones de liquidación de propiedades no cubiertas bajo §523(a)(5). Tanto los tribunales estatales como los de bancarrota pueden determinar la las posibilidad de descargar estas deudas bajo la ley de bancarrota. Aunque parece simple, la interpretación de estas deudas puede variar, llevando a diferentes resultados en casos similares.

Diferentes Descargas y Resultados

El Capítulo 13 tiene dos tipos de descargas: la descarga por pago completo bajo §1328(a) y la descarga por dificultades bajo §1328(b). Esta última, solicitada cuando los pagos no se realizan completamente, no descarga las deudas de relaciones domésticas bajo §523(a)(15).

Interacción Única de 11 U.S.C. §523(a)(15) y la Descarga del Capítulo 13

Una obligación de relaciones domésticas que cumple con §523(a)(15) generalmente es descargable en el Capítulo 13, excepto bajo una descarga por dificultades. Los cónyuges no deudores pueden objetar a los planes del Capítulo 13, potencialmente impidiendo que el deudor obtenga una descarga si el plan no es aprobado.

El Rol del Abogado

Los abogados deben identificar el tipo de obligación doméstica adeudada. Las DSOs no son descargables en los Capítulos 7, 11 y 13, mientras que las obligaciones no-DSO no son descargables en el Capítulo 7 pero generalmente descargables en el Capítulo 13. El momento de las presentaciones de bancarrota en relación con los casos del tribunal de familia es crucial, y una revisión cuidadosa de las órdenes judiciales y acuerdos es necesaria para determinar si la bancarrota es aconsejable y qué capítulo presentar.

Aplicación de la Ley por el Tribunal

La determinación de si una deuda es una DSO depende de la intención de las partes, como se describe en varios casos judiciales como Cummings v. Cummings y In re Benson. Los tribunales consideran factores como el lenguaje de los acuerdos, las posiciones financieras y cómo se tratan las obligaciones para fines fiscales.

Preparándose para la Bancarrota

Los cónyuges que anticipan presentaciones de bancarrota deben asegurarse de que las obligaciones se describan como DSOs en los acuerdos para que no sean descargables. El lenguaje en las órdenes judiciales debe reflejar la intención de proporcionar apoyo para garantizar que las obligaciones se reconozcan como DSOs.

Honorarios de Abogados y Litigios Adversarios

Los litigios para determinar la posibilidad de descarga pueden ser costosos, y los honorarios de los abogados pueden añadirse a la deuda de relaciones domésticas. En Florida, los honorarios pueden basarse en contrato o estatuto, considerando la necesidad y la capacidad de pagar.

Conclusión

Las acciones de descarga en los tribunales de bancarrota o estatales son costosas e inciertas, requiriendo una diligencia debida exhaustiva. Comprender las definiciones en 11 U.S.C. §§523(a)(5) y (a)(15) y aplicarlas a las órdenes judiciales o acuerdos estatales es esencial para determinar la conveniencia de presentar una bancarrota.

Navegar por un divorcio puede ser tanto emocional como financieramente desafiante. Un aspecto crítico de este proceso es comprender las implicaciones de los honorarios de abogados. En Florida, ha habido desarrollos significativos en esta área, especialmente resaltados por el caso histórico de Rosen v. Rosen. Este artículo explora las complejidades de los honorarios de abogados en los divorcios de Florida, enfatizando los puntos clave del caso Rosen v. Rosen.

Antecedentes de Rosen v. Rosen

Rosen v. Rosen es una decisión crucial de la Corte Suprema de Florida que aborda el tema de los honorarios de abogados en casos de divorcio. El caso giraba en torno a una disputa entre una pareja en proceso de divorcio sobre el pago de los honorarios de abogados. El fallo de la corte proporcionó una guía fundamental sobre los factores considerados al otorgar honorarios de abogados y destacó la importancia de la equidad y la justicia en estos asuntos.

Factores Considerados por la Corte

En los casos de divorcio, los tribunales tienen la discreción de otorgar honorarios de abogados basándose en varios factores. La decisión de Rosen v. Rosen subrayó que las consideraciones principales son la necesidad financiera de un cónyuge y la capacidad del otro cónyuge para contribuir. La corte examina los recursos financieros de cada parte, incluidos ingresos, activos y pasivos, para determinar la asignación apropiada de los honorarios de abogados.

Equidad en el Otorgamiento de Honorarios de Abogados

El concepto de distribución equitativa en el divorcio se extiende más allá de la simple división de los bienes matrimoniales. En Rosen v. Rosen, la corte destacó la importancia de asegurar que ambas partes tengan acceso a representación legal competente para lograr una resolución justa y equitativa. Esto puede implicar ordenar a un cónyuge que contribuya a los honorarios de abogados del otro cónyuge, especialmente cuando hay una disparidad significativa en los recursos financieros.

Evaluación Basada en la Necesidad

Un punto clave del caso Rosen v. Rosen es la evaluación basada en la necesidad para otorgar honorarios de abogados. La corte evalúa las necesidades financieras de la parte solicitante y su capacidad para cubrir los gastos legales de manera independiente. Este enfoque tiene como objetivo prevenir un desequilibrio de poder en los procedimientos de divorcio y asegura que ambos cónyuges puedan presentar sus casos de manera efectiva.

Contribución a los Honorarios de Abogados

La ley de Florida reconoce que un cónyuge puede no tener los medios financieros para cubrir completamente sus honorarios de abogados. En tales situaciones, la corte puede ordenar al otro cónyuge que contribuya a los honorarios razonables incurridos por la parte financieramente desfavorecida. Esta contribución se determina en función de una combinación de necesidad y capacidad de pago.

Conclusión

La decisión de Rosen v. Rosen ha moldeado significativamente el panorama de los honorarios de abogados en los casos de divorcio en Florida, enfatizando los principios de equidad y justicia. Comprender los factores considerados por la corte, la evaluación basada en la necesidad y el potencial de contribución a los honorarios de abogados es crucial para las personas que atraviesan un divorcio en Florida. Buscar orientación legal para navegar por las complejidades de los honorarios de abogados asegura que cada parte tenga la oportunidad de una representación justa, promoviendo una resolución más justa en el desafiante proceso del divorcio.

En Florida, un demandado no puede ser declarado en desacato por no pagar deudas no relacionadas con la manutención. Las adjudicaciones de división de bienes no son ejecutables por desacato; en cambio, se tratan como cuestiones de acreedor-deudor. Los pagos de intereses por incumplimiento en adjudicaciones de distribución equitativa, que son deudas no relacionadas con la manutención, tampoco pueden ser ejecutados por desacato.

Las reglas de derecho familiar de Florida permiten que los tribunales de primera instancia usen poderes de desacato para hacer cumplir órdenes que requieren que una persona realice un acto distinto al pago de dinero, como firmar un título, escritura u otros documentos de transferencia como una hipoteca. Cuando el acto en cuestión no involucra el pago de dinero, el tribunal puede usar el desacato para hacer cumplir las adjudicaciones de división de bienes.

Las mociones ex-parte de emergencia para la orden de recogida de menores generalmente no son favorecidas a menos que haya una verdadera emergencia, como una amenaza de daño físico al menor o la posibilidad de que el menor sea retirado del estado de manera inapropiada. Las disputas de visitas, por sí solas, rara vez califican como emergencias.

Definición y Tipos de Desacato

El desacato se define como la negativa a obedecer cualquier orden legal, mandato o decreto emitido por un juez, o cualquier acto que avergüence, obstruya o dificulte la administración de justicia del tribunal o disminuya su autoridad o dignidad.

Desacato Directo: Actos de desacato cometidos en la presencia inmediata del tribunal.

Desacato Indirecto: Actos cometidos fuera de la presencia del tribunal. Cualquier duda sobre si el desacato es directo o indirecto debe resolverse a favor del presunto infractor.

El desacato puede clasificarse como civil o penal:

Desacato Penal: Punitivo e involucra conductas destinadas a avergonzar, obstruir o dificultar la administración de justicia, utilizado para vindicar la autoridad del tribunal y castigar al infractor.

Desacato Civil: Remedial, destinado a coaccionar a una parte infractora para que cumpla con una orden judicial en lugar de castigarla por no cumplir.

Entender estos aspectos de los honorarios de abogados y las acciones de desacato es crucial para navegar los procedimientos de derecho familiar en Florida. Al asegurar que ambas partes tengan acceso a una representación legal competente y al usar adecuadamente los poderes de desacato, el sistema judicial busca mantener la equidad y la justicia.

En Florida, un tribunal puede otorgar honorarios de abogados a una parte involucrada en cualquier procedimiento bajo el Capítulo 61. El Capítulo 61 abarca acciones como disolución de matrimonio, ejecución, modificación, mantenimiento separado, tiempo compartido, manutención y procedimientos de apelación. El propósito fundamental de otorgar honorarios de abogados es asegurar que ambas partes en un procedimiento de derecho familiar puedan permitirse un asesor legal competente, manteniendo así la equidad. Además, se pueden otorgar honorarios de abogados en procedimientos de paternidad.

Sin embargo, los honorarios de abogados generalmente no están autorizados en procedimientos de violencia doméstica. Existe una excepción para las órdenes de protección contra la violencia doméstica, donde se pueden otorgar honorarios bajo la Sección 57.105, que aborda presentaciones frívolas.

La Corte Suprema de Florida en Rosen v. Rosen enfatizó que los factores principales para determinar el derecho y la cantidad de honorarios y costos de abogados son la necesidad y la capacidad de pago. La corte subrayó que la intención de los estatutos de Florida es asegurar que ambas partes puedan obtener representación legal. Por lo tanto, los tribunales de primera instancia deben evaluar la necesidad de dinero para la demanda de cada cónyuge frente a su capacidad de pago. Sin embargo, la corte también instruyó que se deben considerar todas las circunstancias relevantes, incluyendo el alcance y la historia del litigio, su duración, los méritos de las respectivas posiciones, si el litigio es principalmente para acoso o demora, y la existencia de litigios previos o pendientes.

Para que un tribunal de primera instancia otorgue correctamente honorarios de abogados, la parte solicitante debe proporcionar evidencia tanto de su necesidad de honorarios como de la capacidad de pago del otro cónyuge. Esta evidencia puede incluir testimonios o exhibiciones, siendo comúnmente admitidas las declaraciones juradas financieras. La evaluación de la «necesidad» varía en los tribunales de apelación de los distritos de Florida; algunos se centran en la necesidad real, mientras que otros enfatizan la disparidad de recursos entre las partes.

Al considerar una solicitud de honorarios de abogados, los tribunales pueden evaluar todos los ingresos y activos, ya sean matrimoniales o no matrimoniales. Deben identificar la fuente y cantidad de cualquier ingreso imputado considerado en la solicitud de honorarios. La falta de consideración de la evidencia de capacidad de pago puede resultar en una revocación. El tribunal debe admitir y considerar declaraciones juradas financieras u otra documentación y evaluar el valor de todos los activos, líquidos o no líquidos. Al determinar la capacidad de una parte para pagar honorarios de abogados, el tribunal debe considerar el impacto de todas las obligaciones financieras, incluyendo la manutención infantil y la pensión alimenticia.